Fwd: Adiós al último obispo-obrero de la Iglesia española.

---------- Forwarded message ---------
De: FÉLIX DURÁN RODRÍGUEZ <innovacion.critica@gmail.com>
Date: sáb., 24 de oct. de 2020 a la(s) 19:42
Subject: Adiós al último obispo-obrero de la Iglesia española.
To: agustinremedios . <agustinremedios@gmail.com>

Adiós al último obispo-obrero de la Iglesia española.

Religión Digital. "Don Antonio, como le llamaban todos y como sólo se llama a los obispos respetados y queridos, nunca cambió de sitio"

"Tanto es así que, durante años, tuvo que plantarse y hacer frente a los mandamases de Añastro, encabezados por el cardenal Rouco Varela, que querían acabar a toda costa con los movimientos especializados (HOAC, JOC, JEC y Junior), para diluirlos en el marco de la Acción Católica"

"Era franco, directo y de fuertes convicciones. Por eso, era difícil de encasillar y, cuando se terciaba, repartía a diestra y siniestra"

Fue un obispo-pastor sin complejos, un enamorado de la pastoral obrera y una persona con un corazón inmenso. Así o con parecidos términos describen al recién fallecido, monseñor Antonio Algora, sus numerosos amigos. Y quizás siempre se mantuvo fiel a sus tres amores, porque nunca perdió su conciencia de clase.

Don Antonio, como le llamaban todos y como sólo se llama a los obispos respetados y queridos, nunca cambió de sitio. Había mamado desde pequeño el buen olor de las clase obrera, como se llamaba entonces, a los trabajadores. Y con ellos compartió gran parte de su vida desde una de las plataformas católicas de defensa de los trabajadores: Las Hermandades del Trabajo. Una especie de movimiento católico, fundado por Abundio García Román, al que precisamente Algora sucedió en 1978, como consiliario del centro de Madrid.

Sin pretenderlo, Algora pasó de consiliario de Hermandades a vicario de la VIII de Madrid y, de ahí, a obispo de Teruel-Albarracín, en 1985. Y allí estuvo casi 20 años en el Teruel que tampoco existía a nivel eclesiástico. Eran los tiempos de la involución de Juan Pablo II y, en la Iglesia española, pintaban los bastos de Suquía-Rouco-Tagliaferri, que no miraban con simpatía alguna a los movimientos especializados de Acción Católica, con los que él confraternizaba.

Pero eso no le apartaba de su camino, incluso en medio de las chanzas de algunos de sus compañeros obispos. Siempre que, en la Conferencia episcopal surgía algún tema relacionado con el mundo obrero, sus colegas decían: "Eso, para Algora". Y allí, estaba, sereno e imperturbable, el bueno de Don Antonio, aún sabiendo que su devoción por los empobrecidos era una especie de 'florero' en la conciencia eclesiástica de aquella época.

Tanto es así que, durante años, tuvo que plantarse y hacer frente a los mandamases de Añastro, encabezados por el cardenal Rouco Varela, que querían acabar a toda costa con los movimientos especializados (HOAC, JOC, JEC y Junior), para diluirlos en el marco de la Acción Católica. Querían resucitar la otrora 'mano larga' del episcopado en la sociedad civil. Consiguieron disolver el Junior, pero, con la ayuda de sus aguerridos militantes, Algora y especialmente la HOAC consiguieron parar el golpe e impedir esa fusión.

Al final, lograron que la conferencia episcopal aceptase que los movimientos especializados se integrasen en la Acción Católica, pero sin perder su propia identidad. Una tesis, en la que Algora estuvo acompañado, entre otros, por Elías Yanes, José Sánchez o Juan José Omella.

En 2003, Algora, que había ganado sus galones de obispo serio y comprometido, es trasladado a la diócesis de Ciudad Real. Tampoco es una gran diócesis, pero sale del Aragón olvidado para recalar en La Mancha oculta. Pero allí, al menos sucedía a monseñor Torija, compañero de fatiga en la lucha por una Iglesia del Vaticano II, sin poder y comprometida con los pobres. Y allí estuvo hasta su jubilación, en 2016.

Ya jubilado se vino a Madrid, para estar cerca de sus 'Hermandades del Trabajo', en cuyo relanzamiento y renovación se implicó a fondo. Y parece que lo consiguió, porque la asociación católica vuelve por sus fueros. Y Don Antonio, se enorgullecía de ello: "Todos sabéis que mi vida de sacerdote y de obispo ha estado ligada a la Pastoral Obrera y del Trabajo".

Y unos años antes, en 2013, vio su recorrido vital reconocido con la llegada al solio pontificio del Papa Francisco, el de los pobres, el de las tres T (tierra,techo y trabajo). De hecho, solía decir a sus amigos más cercanos, a los que sabía que no se iban a escandalizar, a los que aguantaron a su lado los años de hierro: "Nunca hubiera pensado que pudiésemos tener un Papa así".

Siempre combativo y luchador, nunca tuvo pelos en la lengua. E igual aseguraba que "el trabajo humano debe ser ante todo principio de vida y no puede ser considerado sin más como un mero factor económico en los procesos productivo y de consumo", como arremetía contra las series de la tele, a las que acusaba de manipulación. "Lo cierto es que no hay derecho a la manipulación que se está haciendo de los niños y niñas de nuestra sociedad con series y fotonovelas realizadas con los mejores niveles de calidad cinematográfica y que, por lo que sé, enganchan a padres e hijos educándolos en los peores sentimientos: en el rencor, en la venganza, o en la temprana aventura amorosa…"

Era franco, directo y de fuertes convicciones. Por eso, era difícil de encasillar y, cuando se terciaba, repartía a diestra y siniestra. Por ejemplo, cuando comparó a Zapatero con Calígula por impulsar el matrimonio gay. "Si Zapatero vuelve a ser el Calígula de la época del siglo II, allá él. Sin duda alguna, la gente tendrá que aprender quién era Calígula y las costumbres que impuso en Roma, así de sencillo", decía.

Aunque, a renglón seguido, añadía que "la Iglesia ha tenido siempre homosexuales como fieles devotos y, desde luego, los seguimos queriendo y siguen estando entre nosotros". Por si alguien le interpretaba mal.

Se va el último obispo-obrero: un gran pastor, un excelente cristiano y, sobre todo, una buena persona. Aunque su lucha por los desfavorecidos, su tesón, su personalidad clara y transparente permanecerá por mucho tiempo en la memoria de la Iglesia española. ¡Hasta mañana en el altar, Don Antonio!

 

--

Saludos

Agustín de los Pobres

Fwd: IMSS (2000-2006) responsables y porristas de la devastación sanitaria.

---------- Forwarded message ---------
De: FÉLIX DURÁN RODRÍGUEZ <innovacion.critica@gmail.com>
Date: dom., 31 de may. de 2020 a la(s) 21:20
Subject: IMSS (2000-2006) responsables y porristas de la devastación sanitaria.
To: agustinremedios . <agustinremedios@gmail.com>

IMSS (2000-2006) responsables y porristas de la devastación sanitaria.

Gustavo Leal F. (Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco)

Contra toda evidencia, en 2005 el Consejo Técnico a modo del entonces director financiero del IMSS, Santiago Levy concluyó que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de sus trabajadores "era el problema más grave de la institución". ¡No lo es! Pero sirvió al foxismo para ocultar el error esférico de la reforma-Zedillo-1995 que, desde entonces, presiona sobre sus finanzas.

La febrícula tecnocrática de Levy –permitida por Fox– condujo a que ese Consejo Técnico a modo autorizara (enero 2002) establecer la meta de acumular reservas restándolas de las urgentes mejoras que reclamaba la cabal operación de los servicios. Pagaron de inmediato los derechohabientes y los trabajadores-IMSS con automáticas sobrecargas laborales. Levy canceló contrataciones y apertura de nuevas unidades por el resto del sexenio foxista. Los servicios se hundieron.

La primera observación que haría, subrayó, es que el presupuesto de gasto 2002 es 1% inferior respecto a 2001. Para la Atención a Derechohabientes, Materiales, Suministros, Servicios Generales e Inversión Física, va a caer 4.2% en términos reales respecto a lo que ya habíamos recortado. Este recorte de 4.2 por ciento es respecto a lo que ya habíamos recortado en 2001. Comparado con lo que fue el presupuesto inicial de 2001, el recorte sería aún mayor.

Y puntualizó: vamos a recortar en Servicios Generales 22% real; en Conservación 9% real, con lo cual desafortunadamente el deterioro de las instalaciones va a continuar. Insisto, esto es sobre lo que ya habíamos recortado en 2001 y un recorte en el presupuesto de inversión física de 23% real sobre lo que ya habíamos recortado en 2001.

Dado que su meta era acumular reservas, Levy confesó: con toda franqueza, no son buenas noticias, porque todos estos recortes son encima de los hechos en 2001. Esto implica que operaremos con márgenes extremadamente estrechos y, de hecho, con problemas graves de operación, al mismo tiempo que estamos acumulando reservas. Cuando nos suban otros rubros y metamos a las reservas, podemos gastar más. Porque, ahora. la ley responsabiliza a todo el Consejo Técnico de que se cumpla con la meta de acumulación de reservas.

Poco después desde las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) se emitió el siguiente comunicado: debido a que el abasto de insumos y algunos medicamentos se ha visto retrasado por causa de la adjudicación y licitación que se regularizarán en un lapso de alrededor de cuatro a seis semanas, se solicita de ustedes el disminuir las cirugías electivas e ingresos hospitalarios con la finalidad de no tener problemas en la atención a los derechohabientes.

Y, sin embargo, el opinólogo Enrique Krauze escribió que el IMSS debe dejar de ser patrimonio privado de sus trabajadores. México no puede darse "el lujo de mantener injertos de economía soviética, nomenclaturas que viven en socialismo, mientras que el resto del país las financia. Y Sergio Sarmiento estimó irritante que un sistema de pensiones se convirtió en el esquema para otorgar a cierto grupo de trabajadores unas vacaciones prolongadas de 30 años después de trabajar 28 años. Los manifestantes del SNTSS están defendiendo una causa profundamente reaccionaria. Buscan mantener privilegios especiales a costa de deteriorar los servicios sociales de millones de trabajadores. Ciertamente, el IMSS necesita salvación. Un grupo de líderes y trabajadores insiste en hundirlo.

Después del ajuste estructural de Miguel de la Madrid (1982-88), la Solidaridad del salinismo (1988-94) y la profunda reforma neoliberal de Zedillo (1994-2000), con el foxismo, Levy y sus porristas (2000-2005) preservaron la devastación orgánica del sector salud.

En noviembre de 2010, Gerardo Esquivel –hoy subgobernador del Banco de México– escribió empecemos por el principio: Santiago Levy es, por mucho, el economista mexicano más completo de su generación (Nexos 390).

Al calor de la pandemia de Covid-19, en marzo 2020, Santiago Levy escribió en Nexos: es dificil vislumbrar que el país supere esta crisis sin sumar la voluntad y contribución de todos; estos no son momentos para la discordia. Y propuso que si dentro de cuatro meses los indicadores económicos apuntan a que la segunda etapa será más larga, se prolonguen por cuatro meses más las medidas de apoyo a los trabajadores con una variante para los adscritos al IMSS: además de la supensión de contribuciones a Afore e Infonavit y la sustitución del pago del resto de las contribuciones al IMSS, el gobierno federal subsidaría también un cierto porcentaje de la nómina de la empresa.

En La nueva política económica en los tiempos del coronavirus (mayo, 2020) AMLO observó que es evidente que la epidemia no es la causa de la recesión económica. Sólo precipitó el derrumbe del modelo neoliberal. Sería absurdo insistir en aplicar ese mismo paradigma.

 

 

 

 

--

Saludos

Agustín de los Pobres

Fwd: Dinero público que no cuida, ¿a qué empresas se está rescatando?

---------- Forwarded message ---------
De: FÉLIX DURÁN RODRÍGUEZ <innovacion.critica@gmail.com>
Date: vie., 5 de jun. de 2020 a la(s) 20:29
Subject: Dinero público que no cuida, ¿a qué empresas se está rescatando?
To: agustinremedios . <agustinremedios@gmail.com>

Dinero público que no cuida, ¿a qué empresas se está rescatando?

El Salto Diario. El paradigma neoliberal desprestigió, hasta hacerla desaparecer, la idea de que pudiera existir una banca pública para satisfacer las necesidades financieras de la población. Pero no ocurrió lo mismo con la financiación para las grandes empresas. 

Iberia y Vueling han recibido más de 1.000 millones de euros en préstamos avalados por el Estado. Air Europa también se ha beneficiado del respaldo estatal a través de un crédito de 130 millones con aval público. Y OHL, la constructora investigada por corrupción, se ha hecho con otro crédito de 140 millones gracias a las medidas económicas adoptadas durante la crisis por el covid-19. La compañía de Villar Mir llevaba dos años sin conseguir ningún tipo de préstamo de los bancos, pero siendo avalista el Estado es otra cosa.

Estos son solo algunos ejemplos de las grandes empresas que han accedido al plan de choque económico que ha puesto en marcha el Gobierno en estos dos meses. En total, se van a destinar 100.000 millones de euros para avalar los préstamos que otorgan los bancos al tejido empresarial y a los autónomos. Por comparar con el presupuesto dedicado a otras medidas, el tan debatido ingreso mínimo para la ciudadanía, en sus múltiples formas, oscila entre 5.000 millones de euros al año, en el caso de la propuesta del Gobierno, y 10.000 millones según otras versiones más amplias y garantistas.

El Gobierno ha reservado 4.000 millones para comprar pagarés empresariales. Dicho de otra manera: dinero público destinado a comprar deuda de las compañías

En el marco de ese gigantesco respaldo público al sector privado, el Gobierno ha reservado 4.000 millones para comprar pagarés empresariales. Dicho de otra manera: dinero público destinado a comprar deuda de las compañías, y quienes emiten este tipo de deuda no son precisamente pymes. Acabamos de conocer el listado de las empresas a las que el Estado puede inyectarles presupuestos millonarios, entre ellas nos encontramos a la casa de apuestas Codere, el fabricante de armamento Maxam, la cadena El Corte Inglés y otras compañías que van desde constructoras hasta inmobiliarias. Ninguna de estas corporaciones encaja en el relato oficial, con el que se insiste en que el apoyo público se está centrando en las empresas y autónomos más débiles y con menor capacidad de afrontar la actual crisis socioeconómica. ¿Cuál es el engranaje que ha hecho posible el rescate de grandes empresas con un amplio historial de impactos sociales y ambientales?

UN BANCO PÚBLICO AL SERVICIO DE LAS GRANDES EMPRESAS

El paradigma neoliberal desprestigió, hasta hacerla desaparecer, la idea de que pudiera existir una banca pública para satisfacer las necesidades financieras de la población. Pero no ocurrió lo mismo con la financiación para las grandes empresas. Según los gobiernos y sus economistas de cabecera, se necesitan instituciones estatales que concedan créditos con condiciones ventajosas —menores intereses, mayores plazos de devolución, garantías públicas— para compensar "la insuficiencia de soluciones en los mercados privados". Esta es la razón de ser del principal organismo del que dispone el Estado español para respaldar la actividad empresarial, el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El ICO se presenta como un banco público, creado en 1971 y adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Los créditos y apoyos financieros que ofrece se gestionan habitualmente a través de bancos comerciales como Bankia, BBVA, Caixabank, Santander y Sabadell, entre otros. Con esta colaboración público-privada los bancos obtienen un beneficio, pues se quedan parte del margen que existe entre el interés del crédito que obtienen del ICO y el que fijan ellos en los préstamos que ofrecen a las compañías. El ICO es la institución encargada de gestionar los avales multimillonarios y la compra de pagarés que ha aprobado el Gobierno durante el confinamiento por la covid-19.

En los últimos años ha ido ganando peso el presupuesto del ICO dirigido a favorecer la internacionalización empresarial, que ha crecido de apenas un 4% en 2012 hasta representar más del 50% en 2018. Se siguen así las directrices hegemónicas para "salir de la crisis", ofreciendo una financiación favorable para la expansión global de las compañías españolas. En los últimos doce años, el ICO ha destinado 11.700 millones de euros para financiar la inversión exterior española; el 65% de estos fondos ha ido a parar a proyectos de grandes empresas.

En los últimos doce años, el ICO ha destinado 11.700 millones de euros para financiar la inversión exterior española; el 65% de estos fondos ha ido a parar a proyectos de grandes empresas. Sin condicionantes socioambientales ni de respeto a los derechos humanos

Disfrutar de todos estos apoyos públicos no tiene condicionantes socioambientales ni procedimientos para responsabilizar a las entidades que violen derechos humanos. Porque el tipo de proyectos financiados de los que se ha podido obtener información, a través de organizaciones sociales y medios de comunicación, no son precisamente inocuos. Por ejemplo, en 2019, el ICO otorgó dos créditos para la construcción de autovías e infraestructuras viales en Colombia donde participa Sacyr: uno de 50 millones de dólares para el consorcio Unión del Sur y otro de 65 millones destinado al proyecto Autopista al Mar. La presencia de Sacyr en Colombia ha sido denunciada por sobrecostes e irregularidades en sus obras. Y ya se están produciendo reclamaciones de las comunidades locales por la posible destrucción de ecosistemas esenciales para su actividad campesina con la construcción de estas infraestructuras.

A QUÉ EMPRESAS ESTÁ APOYANDO EL ICO EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Los 100.000 millones de euros de avales públicos se han puesto en marcha a través de diferentes tramos, cuatro hasta la fecha. El primero y el tercero han repartido las ayudas a partes iguales entre pymes y autónomos, por un lado, y grandes empresas, por otro. No es fácil conocer las empresas que están siendo agraciadas con estos avales estatales porque el ICO no publica a quién ofrece financiación ni para qué. Hemos podido conocer algunas de las compañías avaladas indagando en sus comunicados y en noticias de prensa, ya que están obligadas a publicar cualquier operación de préstamo relevante. Así es como hemos llegado a las aerolineas Iberia y Vueling, que pertenecen a International Air Group (IAG). IAG es una corporación británica que tiene como principales accionistas a las líneas aereas de Qatar y a diversos fondos de inversión transnacionales.

Cuando el objetivo declarado es apoyar fundamentalmente a pymes y autónomos, cabe preguntarse qué sentido tiene sostener con fondos públicos compañías con accionistas puramente financieros, que cuentan con capacidad sobrada para aportar recursos. Tampoco se entiende el aval del Estado para inyectar dinero a una empresa como Air Europa, que iba a ser comprada por Iberia e iba a pagar a sus dueños, el grupo Globalia, 1.000 millones de euros. La explicación quizás hay que buscarla en las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que aseguró que iba a hacer todo lo posible para que Iberia tuviera liquidez. Por cierto, la financiación que está ofreciendo ahora el Estado no se dirige únicamente a cubrir necesidades puntuales de dinero a corto plazo, son operaciones que están vigentes durante un periodo de cinco años.

Si los criterios económicos para acceder a la financiación pública son discutibles, los ambientales son inexistentes. Y es que se está rescatando a uno de los principales sectores responsables del cambio climático. En cuanto a la fiscalidad, lo único que se exige es que no tengan la sede social en un paraíso fiscal, pero esto difícilmente puede ser útil para evitar la evasión de impuestos si no hace referencia a la existencia de filiales en esos territorios. Como limitaciones a posteriori se encuentra la de no repartir dividendos durante un tiempo, algo bastante obvio si el objetivo de estas ayudas es paliar necesidades urgentes de liquidez. Paradójicamente, quienes sí imponen criterios son los intermediarios necesarios para la operación: la banca comercial privada. El resultado final es un listado de compañías sostenidas con ayudas públicas, algunas de ellas con una más que cuestionable trayectoria empresarial.

El resultado final es un listado de compañías sostenidas con ayudas públicas, algunas de ellas con una más que cuestionable trayectoria empresarial

Además de la citada línea de avales, ¿qué pasa con la compra de pagarés de grandes compañías? Según lo aprobado por el Gobierno, el ICO también puede comprar deuda a corto plazo emitida por las empresas hasta un presupuesto máximo de 4.000 millones. El Banco Central Europeo ya adoptó en marzo una medida similar dentro de su renovado programa QE (Quantitative Easing) de compra de activos: es el llamado programa de compras para la emergencia de la pandemia y abrió la puerta a comprar pagarés de empresas. La inyección de dinero europeo tiene dos condiciones, que el domicilio de la empresa esté en la Unión Europea y que esta tenga una buena calificación crediticia otorgada por Standard and Poor's, Moody's, Fitch u otra de las principales agencias de calificación. Solo en su primer día de compras, el BCE se gastó 1.500 millones de euros en pagarés.

En esta versión local del programa europeo existen algunas diferencias importantes, como el hecho de que el Gobierno está avalando y comprando deuda de empresas con mayor riesgo de impago. Y sobre todo la imposibilidad de crear euros por el Estado español, porque eso es competencia exclusiva del BCE. Dado que no se puede crear dinero, la financiación milmillonaria tiene que salir de los presupuestos generales si no es devuelta. En un contexto de fuerte crisis, habrá un porcentaje nada despreciable que no se podrá recuperar y que dejará las arcas públicas aún más precarias.

La lista de grandes compañías a las que el Estado puede comprar pagarés es pública. Si tenemos en cuenta su currículum, podemos hablar de un rescate antisocial y antiecológico

Existe, eso sí, una novedad en relación a la actividad habitual del ICO: la lista de grandes compañías a las que el Estado puede comprar pagarés es pública. Si tenemos en cuenta su currículum, podemos hablar de un rescate antisocial y antiecológico. Además de Codere (Operibérica), Maxam, Sacyr y la inmobiliaria Renta Corporación, nos hemos encontrado en ese listado a empresas como:

1) El Corte Inglés, la empresa que puede traspasar más deuda al Estado: hasta 1,200 millones de euros. En su historial aparece el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh, donde varios de sus proveedores estaban alojados. La ausencia de medidas de seguridad en el edificio hizo que colapsara dejando más de 1,100 víctimas mortales.

2) Elecnor, una compañía de ingeniería que desarrolla proyectos de infraestructuras y energía en más de 30 países. Alguno de estos proyectos ha estado envuelto en graves violaciones de derechos humanos contra las comunidades locales. Entre los casos más graves está el Proyecto Integral Morelos en México, donde el pasado año fue asesinado uno de los principales líderes comunitarios que se enfrentaban al proyecto.

3) Cobra, una de las filiales del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, que pretende ser referente mundial en infraestructuras industriales. Cobra se ha visto envuelta en diferentes conflictos laborales y ambientales, entre los que destaca la construcción de la hidroeléctrica Renace en Guatemala. Ya hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que obligó a la empresa a realizar una consulta previa, libre e informada a las 29.000 personas afectadas del pueblo indígena q'eqchi, aunque la obra ya estaba prácticamente acabada.

4) Jorge Pork Food, el segundo productor de carne porcina en España con 5,8 millones de cerdos sacrificados en 2018. El modelo de macrogranjas es otro sector enormemente controvertido por ser uno de los que más contribuyen a la crisis climática, además de deteriorar gravemente los territorios que ocupa y favorece la rápida propagación de virus y nuevas enfermedades.

URGE UN CAMBIO EN LAS POLÍTICAS DE APOYO FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO

Los Estados que respaldan con fondos públicos las actividades de grandes empresas son corresponsables de los daños que estas causan. El grado de responsabilidad es mayor cuanto más riesgo es transferido al sector público. Así que las exigencias del Estado para apoyar a las empresas han de ser aquellas que garanticen, al menos, una mayor justicia social y ambiental. Por eso, una primera medida es dirigir las ayudas públicas exclusivamente hacia empresas y actividades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales y que, a la vez, frenen la crisis ecológica que estamos viviendo. Algunas propuestas para avanzan en esta dirección:

I) Publicación de los avales y préstamos concedidos a empresas (no autónomos, solo personas jurídicas) a partir de un importe de un millón de euros. Sería un ejercicio de transparencia que supondría un gran logro para la ciudadanía, similar al logrado en su día con la contratación pública.

II) Creación de una regulación vinculante del apoyo público financiero en materia de derechos humanos y medioambientales, alineando dicho apoyo con los planes de lucha contra la crisis climática.

III) Exclusión de determinados perfiles de empresas:

III.a) Transnacionales que hayan obtenido cuantiosos beneficios en anteriores años. Si IAG obtuvo unas ganancias de 1.700 millones de euros en 2019, ahora tiene capacidad de sobra para afrontar la actual crisis.

III.b) Compañías que pertenezcan a grupos implicados o condenados por corrupción o delitos económicos graves.

III.c) Empresas del sector del armamento, el juego, la energía nuclear o fósil.

III.d) Corporaciones que tengan filiales en paraísos fiscales o en territorios con conflictos armados.

IV) Incorporación de un baremo que priorice empresas que apuestan por la transición energética, la protección laboral y la reinversión en la economía local, entre otros criterios.

V) Inclusión de claúsulas socioambientales para la matriz, filiales y proveedores que reciben financiación pública, con objeto de facilitar la supervisión de sus actividades y la rendición de cuentas.

VI) Impulso de sanciones económicas y apertura de procesos legales para responsabilizar a las compañías que hayan incumplido las cláusulas socioambientales y los derechos humanos.

El Gobierno está poniendo en juego grandes cantidades de dinero y garantías públicas para el sector privado que no han sido cuestionadas. En cambio, el rescate directo de las personas se ve envuelto en un intenso debate político y un escrutinio mucho mayor, aunque las cifras son infinitamente más pequeñas.

En un momento donde la emergencia sanitaria ha dejado al descubierto los trabajos socialmente necesarios para el sustento de la vida, los visibles y los invisibilizados, el primer paso debe ser garantizar que el flujo de dinero público cumpla con las propuestas apuntadas. El segundo paso, simultáneo quizás, es que este se dirija a las pymes que cumplan los requisitos, a los sectores que tengan una función social esencial en estos momentos y a las personas que lo necesiten.

 

 

--

Saludos

Agustín de los Pobres

Fwd: Economía solidaria. Bernardo Bátiz V.

---------- Forwarded message ---------
De: FÉLIX DURÁN RODRÍGUEZ <innovacion.critica@gmail.com>
Date: sáb., 6 de jun. de 2020 a la(s) 21:27
Subject: Economía solidaria. Bernardo Bátiz V.
To: agustinremedios . <agustinremedios@gmail.com>

Economía solidaria.

Bernardo Bátiz V. jusbb3609@hotmail.com

En 2018, se logró el triunfo democrático gracias a un partido surgido de las bases populares, a un dirigente excepcional y a un pueblo participativo que pudo superar el fraude oficial y la compra del voto. Hoy, el reto, además de vencer la pandemia, es instaurar un cambio en las estructuras económicas injustas que el pueblo de México ha padecido desde hace largo tiempo.

Los términos del debate están claros, de un lado los que pretenden mantener el sistema capitalista prevaleciente y frente a ellos, quienes se proponen un cambio de fondo, a una mejor distribución de la riqueza, más oportunidades para todos, en especial en materia educativa y más equidad en general.

En México, los críticos de la transformación ya iniciada por el gobierno actual, buscan mantener el sistema tal cual, con el ingrediente venenoso de la corrupción y como proceso social clave, el de la libre competencia y la calificación de todos como triunfadores y perdedores. Para el Estado, proponen que sea tan sólo un espectador de la economía y, a lo más, un árbitro para cuando surgen conflictos.

La propuesta que busca la democracia económica y la justicia social no aspira a una revolución violenta. No se trata de un choque ni del uso de la fuerza, mucho menos de violar la ley. La Constitución vigente reconoce la economía mixta, acepta y alienta los tres sectores de ella: público, privado y social; en su capítulo económico, confiere al Estado el dominio directo de las áreas estratégicas del sistema productivo, le confiere la rectoría en las áreas prioritarias y le faculta para legislar en todo lo demás; nuestro sistema mixto admite la libre competencia atemperada para evitar abusos.

Esta alternativa tiene precedentes históricos; recuerdo algunos ejemplos. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, se impulsaron empresas cooperativas en las que los trabajadores fueron dueños de los medios de producción. Cárdenas y su equipo impulsaron cooperativas en la pesca, en los transportes, en la producción de cemento y otras. La experiencia funcionó bien, con altibajos, pero en cuanto llegaron al poder gobernantes con una visión distinta, se frenó el intento, se combatió, se descuidó y al final quedó sólo en un buen precedente.

Las propuestas de economía social también salieron de la Iglesia católica, que impulsó una red de sociedades cooperativas. El artífice de esta experiencia fue el sacerdote Pedro Velázquez, quien desde el secretariado social del Episcopado Mexicano promovió una forma novedosa de ahorro y préstamo mediante las cajas populares que permitían ahorrar y otorgaban créditos sin fines de lucro, educar en el manejo del dinero, la discusión entre iguales, el principio de una persona un voto y arraigaron la solidaridad entre los participantes.

Fue el padre Pedro Velázquez el encargado de la experiencia social entre 1941 y hasta su muerte en 1968; este peculiar sacerdote se formó en la Universidad Gregoriana de Roma, pero también tomó cursos en la Universidad Obrera y logró alentar cientos de cajas populares, verdadera banca del pueblo, que funcionó con base en la buena fe y en el apoyo mutuo.

Su hermano Manuel, también sacerdote, dio continuidad a la obra y recibió en 2013, de la Cámara de Diputados, la Medalla al Mérito Cooperativo; lamentablemente, a pesar del reconocimiento y de la vigencia de una ley que reconoció la legitimidad de las cajas populares, desde la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, en pleno neoliberalismo, se les persiguió hasta prácticamente acabar con ellas.

Hay otros muchos precedentes; uno de ellos es el de la Cooperativa Pascual, que compite exitosamente con las refresqueras internacionales. Tampoco hay que olvidar propuestas de la mejor época del PAN. A reserva de, un día de éstos, dedicar un ar­tículo especial a recordarlas, hoy menciono algunas propuestas panistas, promotoras de la economía solidaria y popular. Una ley para establecer el crédito escolar, una reforma al Código Civil para prohibir el anatocismo, que es la capitalización de los réditos o intereses; San Buenaventura calificaba en su tiempo, al anatocismo como el robo so pretexto del contrato.

Otra propuesta panista fue la iniciativa de reforma a la Ley de Pesca para impulsar el cooperativismo entre los pescadores; otra fue la iniciativa para que los trabajadores tuvieran acceso a la propiedad y a la dirección de las empresas, mediante la adquisición de acciones con sus ahorros o con parte de sus gratificaciones de fin de año; me consta que un banco mexicano, antes de la expropiación bancaria, experimentó con este sistema y sus empleados, cuando adquirían acciones del banco en que trabajaban, se sentían más ligados a la empresa, que ya era, aunque fuere en parte mínima, de su propiedad.

Reitero: la batalla de hoy, no hay que olvidarlo, está en el campo de la economía. O se mantiene el sistema anterior, injusto y depredador de la naturaleza, o se dan pasos firmes hacia una economía solidaria.

 

 

 

--

Saludos

Agustín de los Pobres

Grandes empresarios quieren despedir a 800 mil! Pero AMLO los blindó, mi...

Grandes empresarios [en Mx] quieren despedir a 800 mil trabajadores!
Pero AMLO los blindó, mira su as bajo la manga:
La secretaría del trabajo protegería los derechos de los trabajadores.

¿Habrá recorte para pensionados?, IMSS lo aclara

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/habra-recorte-para-pensionados-imss-lo-aclara-023655/ 

Larrea socava el nuevo T-MEC

La Jornada - Jueves 2 de Enero de 2020

*Lance Compa

El gobierno de Donald Trump elogia el acuerdo logrado con los demócratas sobre el nuevo tratado comercial (T-MEC) aprobado por la Cámara de Representantes el 19 de diciembre pasado, el cual será revisado por el Senado en enero. Políticos demócratas y líderes sindicales destacan las recién negociadas medidas de aplicación de las leyes laborales, porque refuerzan lo suficiente el tratado para merecer su respaldo.

Sin embargo, una huelga de más de dos meses provocada por un magnate mexicano ha arrojado una nube sobre las nuevas disposiciones del pacto que refuerzan los derechos de los trabajadores. Señalando que la empresa negocia de mala fe, casi 2 mil trabajadores se mantienen en huelga desde principios de octubre en Asarco, subsidiaria que el conglomerado Grupo México opera en Tucson, Arizona.

La compañía ha empezado a contratar esquiroles. Esta acción desafía el requerimiento del nuevo acuerdo comercial de adherirse en la ley y en la práctica a las normas laborales de la Organización Mundial del Trabajo. El capítulo laboral del T-MEC declara que el derecho de huelga está vinculado al derecho a la libertad de asociación, que no puede realizarse sin proteger el derecho a huelga.

Esta huelga hace recordar la que ocurre en La sal de la tierra, sólo que esta vez no es contra los dueños de la mina Empire State, en Nueva Jersey, como en esa gran película de 1954, sino contra el empresario de la Ciudad de México que es dueño de minas de cobre y plantas de refinación en Arizona y Texas. En los 10 años pasados, la firma ha rehusado conceder aumentos al salario base de los empleados. Los trabajadores se fueron a huelga a mediados de octubre, provocados por lo que ven como negociación de mala fe de la empresa, con exigencias aún más ventajosas. Quiere que la mayoría de los trabajadores siga con salarios congelados, renuncie a su plan de pensiones y pague el doble de aportación a sus planes de seguro de salud.

El fabulosamente rico Germán Larrea, sólo detrás del magnate Carlos Slim en la lista de los más acaudalados de México, es dueño de Asarco y de otras firmas mineras en Sudamérica y España, junto con ferrocarriles, terminales portuarias y cadenas de cines en Estados Unidos y México. El historial de Larrea sugiere que no se puede llegar a ningún acuerdo a menos que los gobiernos de ambos países intervengan.

Una explosión en una mina de Grupo México en Coahuila enterró vivos a 65 mineros. La empresa recuperó sólo dos cuerpos y se detuvo, alegando que era demasiado caro sacar los demás. En 2014, la mina Buenavista de Grupo México derramó casi 42 millones de litros de desperdicios tóxicos en el río Sonora, esto causó rápidamente enfermedades en los pobladores y los efectos comienzan a mostrarse en enfermedades crónicas y cáncer.

Los trabajadores y las comunidades de México son quienes más han padecido las depredaciones del consorcio minero, pero la compañía de Larrea afecta también a estadunidenses. Según el Rastreador de violaciones de la organización Good Jobs First, Asarco ha acumulado casi 400 millones de dólares en multas por infracciones ambientales y 2 millones en otras relacionadas con salud y seguridad en Estados Unidos.

En julio de 2017, un camión de transporte de 320 toneladas mató a Gabriel Antonio Benítez, de 42 años, quien estaba estacionado en una camioneta pickup en una mina de cobre a cielo abierto cerca de Tucson. Según las autoridades de seguridad minera, el accidente ocurrió porque la gerencia de la mina no se aseguró de que los sitios de descarga estuvieran adecuadamente iluminados ni estableció reglas para el derecho de paso y el control del tráfico en los sitios de descarga. El caso de Benítez fue el tercer accidente fatal en Estados Unidos en 10 años, todos atribuidos a negligencia de seguridad por parte de la empresa.

Asarco objetó y retrasó el pago de multas y sanciones relativas a esas muertes y a otras violaciones en materia de seguridad y salud. Pero los recursos y demoras legales son la forma de vida de esa firma. En 2014, un árbitro le ordenó restaurar el pago de bonos a cientos de trabajadores de Arizona conforme a un convenio laboral. Dos cortes de distrito y un tribunal federal de circuito fallaron en favor de los trabajadores, pero se requirió una decisión de la Suprema Corte de Justicia, hace apenas dos meses, para obligarla al pago de más de 10 millones de dólares a los trabajadores afectados.

El historial de Germán Larrea en Asarco y sus otros negocios debe ser sometido a escrutinio ahora que el nuevo tratado comercial se dirige a una votación en el Senado planeada para este mes. El principal enfoque del acuerdo laboral se ha referido a problemas en México, puesto que tiene el propósito de elevar los salarios y permitir la formación independiente de sindicatos. Pero se trata de un acuerdo recíproco para las tres naciones, que compromete a cada una a mantener altos estándares laborales en salud y seguridad, salarios y condiciones decentes, además del derecho a huelga.

El mecanismo reforzado incluye disposiciones que hacen posible imponer aranceles o incluso detener productos en la frontera si se elaboran en contravención del capítulo laboral del T-MEC. Si no se llega a un acuerdo en la huelga de Asarco, la primera reclamación conforme al capítulo laboral del nuevo tratado podría ser buscar que se sancionen los productos elaborados en Estados Unidos por esa empresa mexicana.

El nuevo capítulo laboral es un avance significativo con respecto al antiguoTLCAN en materia de trabajo. Pero, ahora que los productos de Asarco son elaborados por esquiroles, los legisladores deben insistir en que los gobiernos de Estados Unidos y México intervengan para resolver la disputa y la contradicción de que un oligarca mexicano pisotee los derechos de trabajadores estadunidenses en abierta violación de las normas laborales establecidas en el acuerdo comercial. De otro modo, se podría considerar que el acuerdo laboral carece de dientes –la palabra favorita de los críticos del tratado original en materia de trabajo– antes incluso de que entre en vigor.

* Lance Compa fue director de investigación de la comisión laboral del TLCAN de 1995 a 1997, y de entonces a la fecha ha sido profesor de derecho internacional laboral en la Universidad Cornell.

Traducción Jorge Anaya

Se publicó originalmente en la revista norteamericana The American Prospect el 26 de diciembre de 2019.