Región Carbonífera del Estado de Coahuila, 19 de noviembre del año 2011
BOLETÍN DE PRENSA
OTRA EXPLOSION EN MINERA MEXICO DE GRUPO MEXICO
El pasado 12 de noviembre se registró una explosión en la planta de cobre de Industrial Minera México de Grupo México, localizada en la zona poniente de San Luis Potosí, SLP. Fue la segunda en menos de un mes. Ya el 18 de junio, se había registrado “una fuga súbita de vapor” en la misma planta, según información de la misma empresa. Desde el año 2006, la organización ciudadana Ni Un Día Más, había alertado sobre la inseguridad que viven miles de potosinos, vecinos de IMMSA, y acusado a las autoridades laborales y al sindicato, de solapar graves irregularidades, ya que una mina y dos plantas de la empresa (una fundición de cobre que opera desde 1925 y una refinería de zinc, construida en 1982), no cuentan con las medidas de seguridad e higiene mínimas para operar, y temen que pudiera pasar lo mismo que en Pasta de Conchos.
Mientras tanto, Grupo México reportó un incremento de 74 por ciento a tasa anual en sus ganancias del tercer trimestre 2011 y una utilidad neta de 693 millones de dólares, frente a los 399 millones de dólares del tercer trimestre de 2010. Las ventas en el período mencionado aumentaron casi un 32 por ciento y la producción de su división minera se incrementó casi 15 por ciento en el trimestre.
Antier, 17 de noviembre, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en San Luis Potosí, Santiago Maza Moheno, informó que se multó por 90 mil pesos a Minera México, debido a las dos explosiones en la planta denunciada por la ciudadanía, y sigue sin ser catalogada como segura, ya que la empresa, corresponsable con la STPS de las vidas perdidas de nuestros seres queridos en Pasta de Conchos y que no los ha rescatado desde hace 70 meses, incumple con sus obligaciones de higiene y seguridad. Las anomalías incluyen la falta de mantenimiento, "ya que hay válvulas y equipo obsoleto, el cual tiene una antigüedad de 20 años", según señaló Ignacio Benavente de Protección Civil Municipal.
Es decir, el caso potosino patentiza la irresponsabilidad social y empresarial de quien, promoviéndose como “líder de producción a bajo costo”, pareciera que multiplica una parte de sus ganancias precisamente al no reinvertirlas en seguridad. Una multa le cuesta 90 mil pesos y no los ocho millones, que ahora de todos modos tendrá que desembolsar para remediar las irregularidades develadas por la explosión. El caso también abona al fracaso del Programa de Autogestión del Secretario de la STPS, Javier Lozano Alarcón. Minera México formaba parte de él y le permitía, como a un grupo de empresas, contar con una supervisión interna que verificara las condiciones de operación e infraestructura, y así, la Sría del Trabajo, solamente las revisaría una vez al año. Por lo visto, el srio. Lozano no entiende. Ha vuelto a dejar que Minera México se autoinspeccione. Su planta de cobre volvió a explotar y ahora ha tenido que realizarle una inspección extraordinaria y multarla.
Por otra parte, el 16 de noviembre, por orden del juez Federal Tercero de Distrito, Edmundo Adame, Agentes de la Policía Federal Ministerial, dependientes de la PGR, aprehendieron a los dos concesionarios de la mina Beneficios Internacionales S.A de C.V. (BINSA), del municipio de Sabinas, Coah., siniestrada el 3 de mayo pasado. Melchor González Vélez y su esposa, Hilda Graciela Montemayor Marines, fueron trasladados al CERESO de Piedras Negras, acusados de ser presuntos culpables de varios delitos: homicidio culposo de 14 mineros, lesiones graves al menor de 14 años Jesús Fernando Lara, y tentativa de fraude, por omitir la inscripción de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a que ya sucedido el siniestro, intentaron darlos de alta cuando estaban atrapados en el pocito 3. Lo mismo ocurrió en el caso del pocito El Boker. Los trabajadores lesionados y los dos que aún estaban atrapados, fueron dados de alta, como lo permite el IMSS, con 48 horas de retraso. Sólo que, en el caso de BINSA, cuando intentaron la deplorable acción, el niño Jesús Fernando ya estaba ingresado en el IMSS con el brazo desgarrado.
Sabemos que al no ser un delito grave no poner condiciones de seguridad e higiene en las minas, aunque los mineros pierdan la vida, ambos dueños saldrán en libertad. Sin embargo, es la primera vez en la historia de la región carbonífera que se logra que las autoridades del ámbito federal y estatal actúen contra los dueños y responsables de los siniestros y no contra los ingenieros como aconteció en nuestro caso. Por lo que es un precedente importante y un pequeño triunfo de las familias afectadas por los empresarios del carbón, que cargan tras de sí un largo historial de muertes en más de un siglo de negligencia, impunidad e indolencia. La Audiencia definitiva será el próximo 6 de diciembre. Mientras tanto, las familias afectadas se han estado manifestando en la Ciudad de Sabinas y continuarán actuando organizadamente hasta que se dicte sentencia. Siete familias no le han otorgado el perdón a la empresa y no lo harán hasta que se les dicte sentencia.
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sigue con el proceso de tramitación de nuestra queja. Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, nos informa que “al Gobierno, …se le ha solicitado las correspondientes observaciones con el plazo de un mes…”. Saludamos, de igual manera, el llamado que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF /OE/P/0227/2011) a Felipe Calderón Hinojosa (20 de octubre), a través de su presidente Dr. Luis A. González Placencia, sumándose a la Comisión Permanente de la Unión que exhortó al Ejecutivo Federal al “reinicio inmediato del rescate de los restos de los mineros atrapados, al no haber ninguna limitación técnica para ello”. “Lo anterior –señala el Dr. González Placencia- “con la convicción de que solo con la recuperación de los restos mortales de todas las víctimas, los deudos verán respetados sus derechos”.
A una voz ¡RESCATE YA! ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS
