PRIMACÍA DEL TRABAJO SOBRE EL CAPITAL, EL PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO.
POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO NACIONAL DE LA PASTORAL LABORAL ANTE LA INICIATIVA PREFERENTE DE FELIPE CALDERÓN PARA MODIFICAR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Monclova, Coahuila. Septiembre 14, 2012.
El día de hoy, 14 de septiembre, conmemoramos el trigésimo primer aniversario de la publicación de la Encíclica Laborem exercens (LE) de Juan Pablo II, que celebraba el 90º aniversario de la Rerum Novarum. Uno de los grandes méritos de la Encíclica, desde las prioridades evangélicas de la Enseñanza Social de la Iglesia es, precisamente, haber dado con un principio capaz de convertir en un todo armónico el extenso campo de las relaciones sociales. Dice Juan Pablo II: “el trabajo humano es una clave, quizás la clave esencial, de toda la cuestión social” (LE 3b). Lo cual resalta su perspectiva, pues las encíclicas anteriores (cartas enviadas por el Papa sobre asuntos relevantes de la doctrina católica, dirigidas a los obispos, católicos y católicas del mundo), solían considerar el trabajo desde la ética social (cómo deben ser las relaciones laborales), mientras que la LE lo hace desde la antropología (qué es el trabajo en sí mismo). Hombres y mujeres, mediante su trabajo, han intentado siempre dominar la creación. Este es el sentido objetivo del trabajo (LE, 5). Además, la persona se hace a sí misma, afirmación ya contenida en la Gaudium et spes (35a): “Con su acción, el hombre no sólo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo”. Este es el sentido subjetivo del trabajo (LE, 6). No se trata de una ponderación subjetivista sino de relevancia práctica, puesto que la postura del Papa exige que el hombre y la mujer se realicen ya hoy en su trabajo, en vez de hacerle creer que la realización le espera siempre al final del camino.
A contrasentido de la Enseñanza Social, vemos que los sistemas productivos han organizado siempre el trabajo buscando la máxima eficacia desde el punto de vista objetivo. Una mirada sobre la redondez de la tierra nos basta para percatarnos que sigue prevaleciendo el sentido objetivo del trabajo sobre el subjetivo. El progreso en muchos ámbitos de la vida humana nos lo evidencia. Sin embargo, la misma mirada no puede negarse a caer en la cuenta sobre la forma en que se ha llevado a cabo. Juan Pablo II critica “una civilización unilateralmente materialista, en la que se da importancia primordial a la dimensión objetiva del trabajo, mientras la subjetiva –todo lo que se refiere indirecta o directamente al mismo sujeto del trabajo- permanece a un nivel secundario” (LE, 7c). Al señalarlo, nos remarca el criterio central: la persona humana, su dignidad. El primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto” (LE, 6f), pero predomina, por la vía de los hechos, una visión de la persona considerada como un medio para un fin que se llama “productividad”, “competencia”, “rendimiento” o “modernidad”, etc. Juan Pablo II afirma que más importante que las cosas producidas es el ser humano que las produce: “El trabajo está ´en función del hombre´ y no el hombre ´en función del trabajo´. Con esta conclusión se llega justamente a reconocer la preeminencia del significado subjetivo del trabajo sobre el significado objetivo” (LE, 6f).
En efecto, el Papa defiende “el principio de la prioridad del ´trabajo´ sobre el capital´. Así, pues, cualquier sistema económico, productivo o legislación que conceda la prioridad al capital, y no al trabajo, es injusto. Hoy en el país, el repaso del pensamiento social de la Iglesia no puede ser más oportuno, por la reiteración de propuestas impulsadas, precisamente haciendo predominar la dimensión objetiva del trabajo, aunque el discurso acuda a un supuesto equilibrio que busca inclusión y otras bondades como la creación de empleo. Queda patente tanto en la exposición de motivos de la iniciativa preferente de Felipe Calderón (“…la Ley Federal del Trabajo no genera incentivos para asegurar el incremento de la productividad y la competitividad”), como en el alcance real, no discursivo, de la mayoría de las modificaciones al 65% de la ley actual que se quiere reformar.
De modo que nos volvemos a manifestar para rechazar una iniciativa que, más allá de sus intenciones explícitas, las cuales son cuestionadas por falsas por diversos investigadores, no hace sino ahondar la precarización del trabajo de las últimas tres décadas y al hacerlo, busca implícitamente, desaparecer en definitiva los derechos de los trabajadores, con lo cual se seguirá poniendo en segundo plano, el significado subjetivo del trabajo, criterio clave para discernir lo que pasa en los mundos del trabajo, según el pensamiento social de Juan Pablo II.
Trabajadoras y trabajadores no consultados por nadie, pero que tienen una opinión, no ven cómo condicionando la permanencia en el empleo a quién tenga mayor productividad; anulando la estabilidad del empleo (contratos de capacitación inicial y a prueba); permitiendo la movilidad total (tareas “conexas o complementarias”), sin el pago proporcional del salario de acuerdo al incremento de trabajo; desapareciendo la Tabla de Enfermedades y Riesgos de Trabajo o trabajando y ganando por horas (México tiene el último lugar en el pago de salario por hora al interior de los países de la OCDE), se pueda tener una vida más digna. La persona perderá su centralidad y primacía ante el capital, según la doctrina católica, si se da al patrón la potestad de decidir unilateralmente el cumplimiento de las normas laborales, si cancela el carácter tutelar de la ley a favor del trabajador o si adopta la lógica del “trabajo decente” de la OIT (respeto sólo a algunos de los derechos humanos) y no la del “trabajo digno” de la Observación General 18 sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 8 (PIDESC) del Comité DESC de Naciones Unidas (respeto a todos los derechos humanos).
En continuidad con la postura que adoptamos desde la anterior legislatura, dado que todos en esta pastoral laboral somos trabajadores y trabajadoras, cuyo único patrimonio es nuestro trabajo, y dada la perspectiva de la Laborem exercens de Juan Pablo II, sostenemos lo siguiente:
1º. La iniciativa de Felipe Calderón es regresiva. Sin omitir planteamientos que pudieran ser debatidos, la mayoría de sus modificaciones, como lo han señalado los abogados laboralistas, violan los derechos humanos laborales y resultan incompatibles con obligaciones jurídicas internacionales del Estado mexicano relacionadas con el trabajo. Nada menos, el texto violenta directamente al menos 28 convenios internacionales de la OIT, ratificados por el Senado de la República. Insistimos, el camino es la progresividad y la búsqueda del mayor estándar internacional de derechos humanos pues los laborales lo son (de los 65 convenios de la OIT que México no ha ratificado, 54 contienen esa óptica).
2º. La iniciativa de Felipe Calderón va a contracorriente de la experiencia en América Latina y Europa en cuanto a estas reformas. El Estado español realizó una reforma laboral en el 2006. Creó empleo, pero precario (en su mayoría el llamado “empleo basura” que, con la venida de las crisis, desapareció), incrementó los contratos indefinidos (y con menos costo del despido) y facilitó el despido de los trabajadores (al reducir el costo del despido, se incrementó la temporalidad; más de la mitad de los trabajadores con contratos indefinidos, ya han sido despedidos, según la primera estadística del Servicio Público de Empleo, tras la entrada en vigor de la reforma laboral). Por otra parte, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT, ha hecho un estudio comparativo (La Reforma Laboral en América Latina, un análisis comparado), de las modificaciones a la legislación del trabajo producidas en la última década del siglo pasado en la región, siendo la mayor parte de las veces de carácter flexibilizador (11 de 17 países). La tercera de sus conclusiones afirma: “una de las preocupaciones principales que han orientado las reformas más importantes ha sido la promoción de empleo. Partiendo del supuesto de que el esquema tradicional del contrato de trabajo y el costo del despido son rígidos y costosos, y por ello desestimula el empleo, se han ideado fórmulas para simplificar el inicio y la terminación del contrato y disminuir los costos salariales, incluida la indemnización por despido. No obstante, la flexibilidad del contrato y la rebaja de sus costos no han sido seguidos de un crecimiento del empleo asalariado, como tampoco las reformas estructurales que las han inspirado”.
3º. Por ende, hacemos un llamado a las legisladoras y los legisladores a votar en contra esta iniciativa preferente, y en cambio, a abrir un proceso de consulta y de participación ciudadana, dado que según el nuevo texto del artículo primero constitucional: “Quienes voten a favor, en comisiones o en el pleno, de artículos violatorios de derechos humanos, incurren en responsabilidad personal y deberán ser obligados a reparación del daño causado”.
4º. Finalmente, hacemos un llamado a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) y a la Arquidiócesis de México a sumarse a la exigencia nacional de un proceso de consulta y de participación ciudadana, sin prisa alguna, ya que de modificarse la ley en el sentido analizado, tendrá un impacto lesivo en toda la sociedad mexicana.
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL
